Ministerio de Agricultura publicó cuestionado reglamento que regula el uso y actividades de transgénicos. Especialistas consideraron que hay intereses de por medio.
Nuevamente la actual administración aprista aprovechándose la coyuntura electoral dicta otra polémica norma sin el debido consenso. Esta vez, el Ministerio de Agricultura publicó el DS 003-2011, que aprueba el Reglamento interno sectorial de bioseguridad para actividades agropecuarias o forestales, o sea regula el uso y actividades con Organismos Vivos Modificados (OVM), conocidos como transgénicos. En opinión de los especialistas, con dicha norma el gobierno deja abierta las puertas al ingreso, sin el adecuado control, al país de transgénicos.
Para la Convención Nacional del Agro, el gobierno deja una bomba de tiempo contra la biodiversidad peruana al promulgar, entre gallos y medianoche dicha reglamentación.
“El reglamento que regula el uso de los transgénicos es inconsulto, pues el texto no ha sido conocido por los actores involucrados, sino solo por la burocracia del ministerio de Agricultura e INIA, donde predominan intereses comerciales ligados al ministro de Economía, Ismael Benavides, verdadero autor de esta aberración”, acusó Lucila Quintana, presidenta de Conveagro.
Aunándose a los cuestionamientos, el director de Agronoticias, Reynaldo Trinidad, dijo que dicho Reglamento es un claro atentado contra el presente y el futuro del agro. Afirmó que a pesar de que, según los genetistas, no se sabe aún si los transgénicos son dañinos o no para la salud de las personas, pero el hecho de que los países proveedores (de productores transgénicos) no quieren firmar ‘el principio de reparación’ demuestra que no tienen la seguridad de que sus productos sean de calidad y no nocivos paras las personas.
Sin sustento técnicoMas allá del malestar y la sorpresa que sintió al enterarse que el Minag aprobó el “Reglamento interno sectorial de bioseguridad para actividades agropecuarias o forestales”, la bióloga y catedrática de la Universidad Agraria La Molina, Antoniella Gutiérrez Rosati, advirtió que dicho reglamento ha sido aprobado sin consenso e incluso aseguró que “ni siquiera se pre público el texto (por parte del Minag)”.
Recalcó que tal como esta planteado el reglamento se observa altos niveles de riesgo, problemas o generalidades en los planteamientos técnicos, deficiencias que dejan el camino libre para el ingreso de organismos modificados. Para la especialista el reglamento carece de una apreciación técnica.
Ministerio de Ambiente debilitadoEl Reglamento crea un Grupo Técnico Sectorial – GTS, órgano encargado de la evaluación y gestión de riesgos de toda actividad o uso de Organismos Vivos Modificados con fines agropecuarios o forestales. Dicho grupo esta compuesto por 1 representante del INIA, 1 del Ministerio de Ambiente, 1 de Agricultura, 1 Servicio Nacional de Sanidad Agraria y 2 expertos designados por las universidades con especialidades relacionadas al Sector Agricultura.
“Este reglamento minimiza la participación del Ministerio de Ambiente, ente que es la máxima autoridad en materia ambiental del país pero que en dicho reglamento se encuentra debilitado”, dijo a LA PRIMERA Gutiérrez Rosati.
Algunos riesgosEntre los principales riesgos que se presentan a raíz de esta normativa, advirtió Trinidad, es que la agricultura estaría en manos de de grande grupos económicos, ya que al comprar semillas transgénicas tendrían que pagar un derecho de uso de semillas de por vida denominado “royalty” o regalía por la patente de los transgénicos (alrededor de US$50 y US$100 por hectárea).
La alimentación también dependería de las grandes empresas, lo que ocasionaría una dependencia absoluta, tal es el caso de Argentina donde la producción de la soya es dependiente de EEUU.
Por otro lado, agregó que aún no se sabe si el polen que transmiten los insectos y aves podría contaminar los sembríos naturales con los transgénicos.
Decisión política e interesesLas personas consultadas (Trinidad, Gutiérrez y Quintana) coincidieron que la publicación del Reglamento de biodiversidad sin consenso responde a una decisión política porque la administración aprista sabe que el próximo gobierno el tema no pasaría. Tanto Fuerza 2011 como Gana Perú, han apostado por la moratoria al ingreso de estos organismos modificados.
Keiko Fujimori presentó en el Congreso un proyecto de ley de moratoria de tres años, mientras que la bancada de Gana Perú (Nacionalistas), hasta tres proyectos igualmente por la moratoria de quince años. Pero Trinidad y Quintana van mas allá de la decisión política, para ellos el apuro de publicar dicho reglamento responde a intereses personales del ministro de Economía Ismael Benavides a quien consideran el “verdadero autor de esta aberración (como calificaron al Reglamento)”.
Ley de bioseguridad tiene más de 10 años sin reglamentarseAnteriormente Gutiérrez Rosati dijo a este diario que el ingreso de granos transgénicos al país es “responsabilidad del Estado” pues tras cumplirse diez años de aprobada –en 1999- la Ley de Bioseguridad, a la fecha sólo el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) del Ministerio de Agricultura ha cumplido, y recién, con elaborar el reglamento de bioseguridad para su sector (el cual ya fue publicado mediante el DS 003-2011). Sin embargo, el viceministro del Ministerio de Pesquería y la Dirección General de salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de salud “no han logrado redactar nada”.
La Ley 27104 indica que los mencionados ministerios son los encargados de reglamentar la Ley de Bioseguridad, primero en sus respectivos sectores y luego se unen los tres reglamentos internos para crear la ley nacional de Bioseguridad. Pero, tras la creación del Ministerio de Ambiente, este ministerio es el encargado de coordinar con los entes encargados de elaborar la norma de bioseguridad para su posterior entrada en vigencia de la autógrafa.
La especialista refirió que el poco avance para la creación de Ley de Bioseguridad es por el desconocimiento del tema por parte de los ministerios involucrados, la carencia de presupuesto para contratar personal especializado y por el fuerte “lobby” de empresarios agropecuarios que no quieren que la norma se concrete. “Pareciera que los lobbys de las empresas que importan productos transgénicos de manera ilegal son fuertes, por ello la falta de voluntad para implementar la norma”, acusó.
Nuevamente la actual administración aprista aprovechándose la coyuntura electoral dicta otra polémica norma sin el debido consenso. Esta vez, el Ministerio de Agricultura publicó el DS 003-2011, que aprueba el Reglamento interno sectorial de bioseguridad para actividades agropecuarias o forestales, o sea regula el uso y actividades con Organismos Vivos Modificados (OVM), conocidos como transgénicos. En opinión de los especialistas, con dicha norma el gobierno deja abierta las puertas al ingreso, sin el adecuado control, al país de transgénicos.
Para la Convención Nacional del Agro, el gobierno deja una bomba de tiempo contra la biodiversidad peruana al promulgar, entre gallos y medianoche dicha reglamentación.
“El reglamento que regula el uso de los transgénicos es inconsulto, pues el texto no ha sido conocido por los actores involucrados, sino solo por la burocracia del ministerio de Agricultura e INIA, donde predominan intereses comerciales ligados al ministro de Economía, Ismael Benavides, verdadero autor de esta aberración”, acusó Lucila Quintana, presidenta de Conveagro.
Aunándose a los cuestionamientos, el director de Agronoticias, Reynaldo Trinidad, dijo que dicho Reglamento es un claro atentado contra el presente y el futuro del agro. Afirmó que a pesar de que, según los genetistas, no se sabe aún si los transgénicos son dañinos o no para la salud de las personas, pero el hecho de que los países proveedores (de productores transgénicos) no quieren firmar ‘el principio de reparación’ demuestra que no tienen la seguridad de que sus productos sean de calidad y no nocivos paras las personas.
Sin sustento técnicoMas allá del malestar y la sorpresa que sintió al enterarse que el Minag aprobó el “Reglamento interno sectorial de bioseguridad para actividades agropecuarias o forestales”, la bióloga y catedrática de la Universidad Agraria La Molina, Antoniella Gutiérrez Rosati, advirtió que dicho reglamento ha sido aprobado sin consenso e incluso aseguró que “ni siquiera se pre público el texto (por parte del Minag)”.
Recalcó que tal como esta planteado el reglamento se observa altos niveles de riesgo, problemas o generalidades en los planteamientos técnicos, deficiencias que dejan el camino libre para el ingreso de organismos modificados. Para la especialista el reglamento carece de una apreciación técnica.
Ministerio de Ambiente debilitadoEl Reglamento crea un Grupo Técnico Sectorial – GTS, órgano encargado de la evaluación y gestión de riesgos de toda actividad o uso de Organismos Vivos Modificados con fines agropecuarios o forestales. Dicho grupo esta compuesto por 1 representante del INIA, 1 del Ministerio de Ambiente, 1 de Agricultura, 1 Servicio Nacional de Sanidad Agraria y 2 expertos designados por las universidades con especialidades relacionadas al Sector Agricultura.
“Este reglamento minimiza la participación del Ministerio de Ambiente, ente que es la máxima autoridad en materia ambiental del país pero que en dicho reglamento se encuentra debilitado”, dijo a LA PRIMERA Gutiérrez Rosati.
Algunos riesgosEntre los principales riesgos que se presentan a raíz de esta normativa, advirtió Trinidad, es que la agricultura estaría en manos de de grande grupos económicos, ya que al comprar semillas transgénicas tendrían que pagar un derecho de uso de semillas de por vida denominado “royalty” o regalía por la patente de los transgénicos (alrededor de US$50 y US$100 por hectárea).
La alimentación también dependería de las grandes empresas, lo que ocasionaría una dependencia absoluta, tal es el caso de Argentina donde la producción de la soya es dependiente de EEUU.
Por otro lado, agregó que aún no se sabe si el polen que transmiten los insectos y aves podría contaminar los sembríos naturales con los transgénicos.
Decisión política e interesesLas personas consultadas (Trinidad, Gutiérrez y Quintana) coincidieron que la publicación del Reglamento de biodiversidad sin consenso responde a una decisión política porque la administración aprista sabe que el próximo gobierno el tema no pasaría. Tanto Fuerza 2011 como Gana Perú, han apostado por la moratoria al ingreso de estos organismos modificados.
Keiko Fujimori presentó en el Congreso un proyecto de ley de moratoria de tres años, mientras que la bancada de Gana Perú (Nacionalistas), hasta tres proyectos igualmente por la moratoria de quince años. Pero Trinidad y Quintana van mas allá de la decisión política, para ellos el apuro de publicar dicho reglamento responde a intereses personales del ministro de Economía Ismael Benavides a quien consideran el “verdadero autor de esta aberración (como calificaron al Reglamento)”.
Ley de bioseguridad tiene más de 10 años sin reglamentarseAnteriormente Gutiérrez Rosati dijo a este diario que el ingreso de granos transgénicos al país es “responsabilidad del Estado” pues tras cumplirse diez años de aprobada –en 1999- la Ley de Bioseguridad, a la fecha sólo el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) del Ministerio de Agricultura ha cumplido, y recién, con elaborar el reglamento de bioseguridad para su sector (el cual ya fue publicado mediante el DS 003-2011). Sin embargo, el viceministro del Ministerio de Pesquería y la Dirección General de salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de salud “no han logrado redactar nada”.
La Ley 27104 indica que los mencionados ministerios son los encargados de reglamentar la Ley de Bioseguridad, primero en sus respectivos sectores y luego se unen los tres reglamentos internos para crear la ley nacional de Bioseguridad. Pero, tras la creación del Ministerio de Ambiente, este ministerio es el encargado de coordinar con los entes encargados de elaborar la norma de bioseguridad para su posterior entrada en vigencia de la autógrafa.
La especialista refirió que el poco avance para la creación de Ley de Bioseguridad es por el desconocimiento del tema por parte de los ministerios involucrados, la carencia de presupuesto para contratar personal especializado y por el fuerte “lobby” de empresarios agropecuarios que no quieren que la norma se concrete. “Pareciera que los lobbys de las empresas que importan productos transgénicos de manera ilegal son fuertes, por ello la falta de voluntad para implementar la norma”, acusó.
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